By Ciudad de México. La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), aprobó el dictamen a la iniciativa que adiciona un último párrafo al artículo 2° de la Constitución Política para establecer que se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas, así como afromexicanos, el carácter de sujetos de derecho público.
El documento, avalado por unanimidad de 31 votos a favor, indica en su argumentación que reconocer como sujetos de derecho público de estos pueblos y comunidades constituye un valor superior para el Estado mexicano, que reivindica su lucha social e histórica.
Esta materia se incluyó en el proceso de consulta libre, previa e informada para la reforma constitucional y legal, en el que se concluyó que es necesario el reconocimiento de estos pueblos y comunidades como sujetos de derecho público, con plena capacidad de ejercer atribuciones y facultades.
La diputada Irma Juan Carlos (Morena), presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, y promovente de la iniciativa, resaltó que México tiene una composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica que reconoce a estos sectores como portadores de derechos; sin embargo, estos son de manera limitada por el Estado o “a medias”, a pesar de años de luchas.
Destacó que este es un dictamen histórico que da una reforma que cuenta con la aprobación y respaldo de cientos de autoridades y representantes de mujeres y hombres indígenas de todas las comunidades que participaron en el proceso de consulta. “Con su aprobación recuperamos los compromisos establecidos en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y del levantamiento zapatista, además de todas las luchas”.
Al respecto, el diputado Robledo Ruiz explicó que el dictamen cuenta con un artículo transitorio que mandata al Congreso de la Unión y a los congresos locales a que, en el ámbito de las leyes secundarias y de acuerdo a la competencia de cada uno, en un año haya las modificaciones correspondientes.
“Será para bien de nuestros hermanos mexicanos, pertenecientes a etnias indígenas o afromexicanas”, precisó.
También de Morena, el diputado Hamlet García Almaguer aseguró que esta reforma es de la mayor trascendencia pues en México, en muchas ocasiones, se niega la justicia a los pueblos y comunidades, por discriminación, bajo el pretexto de falta de legitimación o personalidad en derechos en materia de medio ambiente, salud o educación.
Del PRI, el diputado Carlos Iriarte Mercado pidió impedir que personas se presenten como miembros de comunidades indígenas, sin serlo, a fin de ser legisladores o asociados a estos núcleos. “Es ahí donde tenemos que trabajar, porque si pasó en las acciones afirmativas de candidatos debemos acotarlo de origen para que no vaya a suceder para otros intereses. Que no abusen autodenominándose”.
La diputada Flor Ivone Morales Miranda (Morena) dijo que es responsabilidad de las y los legisladores blindar los derechos de estos pueblos que pueden ser vulnerables ante la falta de atención. “Estoy a favor y cuenten con mi voto”.
A su vez, el diputado Manuel Vázquez Arellano, de Morena, mencionó que esta reforma constituye un avance en el respeto a la autonomía y usos y costumbres de estas poblaciones, “aunque sea de forma gradual”.
El diputado Iran Santiago Manuel (Morena) afirmó que con la reforma se avanza en el tema, “que era una deuda con los pueblos y comunidades. Nosotros, como estado de Oaxaca, somos parte de esa pluriculturalidad, de ese legado que nos dejaron los ancestros”.
Una vez aprobado, el dictamen se turnó a la Mesa Directiva para que siga corriendo su trámite legislativo.
Asuntos Generales
Respecto al trámite que dio la Mesa Directiva sobre el dictamen que reforma la fracción IV del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política, y los resúmenes de los foros de parlamento abierto en ese tema, Robledo Ruiz dijo que se enviará a las y los integrantes de la Comisión para que tengan más información, ponderación y mejor juicio para el momento que haya que votar una reforma constitucional como esta.
Explicó que el órgano de gobierno primero remitió a la Comisión el pliego de los foros, con consideraciones y conclusiones, y después el dictamen; “se entiende de esto para que se reabra y redictamine a la luz de los documentos de los foros”.
Expresó que “esto no tiene un asiento en la Ley ni en el Reglamento. La disposición que invoca Mesa Directiva dice que le corresponde cuidar que en la formulación y presentación de los dictámenes se haya seguido el procedimiento legislativo, pero el dictamen que aprobamos se estudió, se corrió el traslado a todos los integrantes con oportunidad, se discutió, se votó y se turnó”. Agregó que la forma en que un dictamen puede regresarse a Comisión es que, siendo en positivo, se haya reprobado en la votación en lo general, en el Pleno.
Sostuvo que una decisión al respecto no la puede tomar la presidencia de la Comisión, por lo que avisó que convocará en cinco días hábiles a la Junta Directiva de la Comisión para que autorice “o a remitir de vuelta a la Mesa Directiva el dictamen en los términos en que ya lo votamos, o a convocar a una nueva sesión de la Comisión para incluir en un nuevo orden del día la materia del dictamen”.
El diputado García Almaguer afirmó que no es admisible ni recomendable que la Comisión vuelva a votar un asunto que ya había aprobado. Consideró que se debe tomar nota de la recepción de los documentos, y que en la discusión del Pleno se tengan a la vista ambos.
En otro tema, la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) informó que el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva llegó a un acuerdo para elevar el dictamen para eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres “que ya salió de esta Comisión y será enlistado ante la Junta de Coordinación Política”.
Comentó que se busca también impulsar un paquete de reformas en consenso, las cuales vendrán en una sola iniciativa, y tienen que ver con mandatar en la Constitución que el Plan Nacional de Desarrollo, los presupuestos de los congresos estatales y las estadísticas del INEGI cuenten con perspectiva de género.
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